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Por: María Ana Martina Chía Suárez - Contador Público y especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga – USTA – COLOMBIA, Máster en Comercio Internacional de Instituto Europeo de Posgrados. Madrid-España, Estudiante de doctorado en Ciencias Contables Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela y Docente Investigador Universidad Santo Tomás


Colombia propende por brindar mejoramiento continuo en la calidad de vida a sus ciudadanos y siendo un estado social de derecho, democrático y participativo, procura dar cumplimiento a los fines sociales del estado mediante el recaudo de recursos que le permitan de manera permanente la optimización de dichos recursos y un buen desempeño en el corto, mediano y largo plazo.

Por tanto, se hace imperante que la hacienda pública procure establecer mecanismos que permitan la consecución de ingresos, ejecución y control de los gastos e inversiones, pero también que se establezca un controlado presupuesto en el que sea prioridad la redistribución de los recursos, la estabilidad, el desarrollo económico y social del país. No obstante, los impuestos son factor fundamental para la hacienda pública, puesto que son los ingresos mayormente representativos con que cuenta el estado colombiano, y los cuales debe optimizar, en procura de dar cobertura a los gastos de administración, inversión social, en infraestructura y seguridad nacional, entre otros. 

Ahora bien, si los ingresos más representativos son los impuestos, todo ciudadano colombiano está obligado a contribuir con las cargas del estado, teniendo en cuenta principios de equidad, eficiencia, progresividad y no retroactividad (Jiménez, 2016)2. Entonces, siendo un mandato constitucional el contribuir con el estado a través de los impuestos directos e indirectos3, las personas naturales como clase trabajadora contribuyen con dichas cargas y en especial con el impuesto sobre las ventas, dado que nadie en Colombia se encuentra exento del IVA tal como lo menciona el artículo 482 del Estatuto Tributario (Jiménez. 2016) y es precisamente el tema central como impuesto indirecto en el cual se centra el presente artículo.

Se busca analizar el impacto que genera el incremento de la tarifa general del IVA frente al aumento del salario mínimo en las familias menos favorecidas, producto de la ampliación de los 3 puntos en el IVA en la última reforma tributaria, Ley 1819 de 2016. La desaceleración de la economía y la incidencia que tiene la población flotante extranjera en el ámbito laboral colombiano que concurre significativamente en las problemáticas sociales a las cuales el estado está obligado en indagar y brindar soluciones.

Con las tendencias mundiales como apuestas económicas y retos que han surgido de la globalización y en aras de generar trabajos colaborativos para enfrentar desafíos sociales producidas por la globalización, Colombia dentro de los objetivos que tiene, está el hacer parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo cual implica dar cumplimiento a ciertas exigencias para las cuales el país aún no está en capacidad de llevar a cabo, puesto que no cuenta con los recursos suficientes debido al déficit fiscal y la disminución de los ingresos entre los periodos 2014 y 2015, producidos por la caída de los precios del petróleo.

No obstante, el gobierno nacional para procurar minimizar el déficit fiscal, generó una reforma tributaria estructural con Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, en la cual creó nuevos impuestos pero también aumentó la carga impositiva en el IVA, de una tarifa general del 16% a una tarifa del 19%, aumento del 3% que ha generado polémica y discusión entre empresarios, puesto que los ingresos por ventas de bienes y servicios gravados con IVA, en lo que va corrido del año, han sido bajos, pues ha mermado la capacidad adquisitiva de las personas, ha genera un gran impacto a nivel familiar y aún más en aquellas familias donde se subsiste con un salario mínimo, puesto que reduce su capacidad de consumo de algunos bienes y servicios que en muchos casos hacen parte de la canasta familiar.

En el sector empresarial ese 3% de incremento afecta los precios de los productos y servicios nacionales, lo que genera un efecto directo sobre la producción y los costos operativos de las compañías, situación que desfavorece de manera significativa la competitividad de los empresarios colombianos frente a otros países.

Asimismo, otra variable que se afecta significativamente es el empleo, puesto que genera una gran preocupación, dado que tiene relación directa con la producción y el consumo, y si los empresarios no tienen la forma de vender sus productos, se ven abocados a disminuir la producción y por ende disminuyen los ingresos y con esto la capacidad de pagar los salarios de los empleados, teniendo que generar reducción de personal.

En suma, a esta situación, es necesario tener en cuenta que la disposición económica, política y social de Venezuela, ha generado una proliferación de ciudadanos de ese país hacia Colombia, con la finalidad de buscar oportunidades y mejorar su situación, pero ha fomentado la informalidad, dado que algunas compañías en Colombia han despedíos trabajadores para contratar de manera informal e ilegal a venezolanos, tal como lo refiere la canciller Holguín. Unas 500 empresas colombianas han sido sancionadas por contratar a ciudadanos venezolanos que permanecen en el país, en condición de indocumentados. “Entran a las empresas venezolanos que no tienen ningún tipo de papeles. Les pagan cifras irrisorias, no tienen ningún tipo de seguridad social, pero esas empresas ya están siendo sancionadas”, advirtió la funcionaria del Gobierno (El espectador, 2017).

Por la situación compleja de la actualidad en que se encuentran los empresarios en Colombia, los gremios de comerciantes han propuesto al gobierno reducir la tarifa del IVA del 19% al 16%, por lo menos de manera temporal durante los meses de noviembre y diciembre para incentivar el consumo, y así lo ratifica Guillermo Botero Nieto, quien le presentó la propuesta al gobierno nacional. En total, fueron 10 las sugerencias que Fenalco le presentó al Gobierno, esto con el propósito de mejorar el comercio y la economía en Colombia. La más importante fue reducir el IVA por lo menos en los meses de noviembre y diciembre (este último representa el 30% de las ventas del comercio durante todo el año). (Telemedellín, 2017, p1).

Sin embargo, el panorama no se torna alentador para los empresarios porque el gobierno nacional no recibió la solicitud con miras posibles en aceptar las propuestas presentadas por Fenalco.


2 Estatuto Tributario Nacional. Ecoe Ediciones Ltda.

3 Tratándose de impuestos directos, se refiere a aquellos impuestos que se aplican sobre la obtención de rentas o el patrimonio del sujeto pasivo ya sea persona natural o jurídica, como es el caso de impuesto a la renta y son directos porque se aplican directamente sobre el contribuyente como tal. Los impuestos indirectos se aplican no tanto sobre las personas sino sobre las transacciones económicas, el consumo o la transmisión elementos patrimoniales.